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Economistas debaten COVID19: ¿Hasta cuánto puede gastar el Estado chileno? ¿qué rol jugaría un impuesto a las fortunas de los súper ricos?

¿Tiene el Estado aún suficiente espalda para endeudarse más y mitigar así los efectos de la crisis sanitaria social y económica sin que por ello se produzca un descalabro macroeconómico? ¿un impuesto a las grandes fortunas, contribuiría a pagar los costos sociales y económicos de la crisis Covid19 para evitar que la carga se la lleven solo los trabajadores y trabajadoras?

“Propuestas económicas frente a la crisis producto del COVID 19”. Bajo este titular la Comisión de Políticas Públicas (CPP) de la CUT, organizó el tercer seminario on line en el marco de su ciclo de difusión de distintas propuesta -desde diversos ámbitos-para abordar la crisis y pos crisis social-económica y sanitaria generada por la propagación del Coronavirus en el país y el mundo.

En esta oportunidad, convocó a cuatro reconocidos economistas: Luis Felipe Céspedes, ex ministro de Economía, quien expuso la propuesta conjunta de académicos de la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica; Claudia Sanhueza, que presentó la propuesta del Colegio Médico; Álvaro Díaz, coordinador del Foro de Desarrollo Justo y Sostenible y Eugenio Rivera, de la Fundación Chile 21 a cargo de explicar la propuesta de la CPP. También participó la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. El seminario fue moderado por el coordinador de la CPP, el economista Fernando Carmona.

En el desarrollo de los paneles, se expusieron distintas medidas que se debiesen implementar (por ejemplo, un Ingreso Básico pensado por núcleo familiar, que esté sobre la línea de pobreza) Coincidieron en que el Estado de Chile debe ir en ayuda de la población y que está en condiciones para asumir una deuda mayor para sustentar ese gasto fiscal. En el debate surgió -como uno de los mecanismos de financiamiento- recurrir a los Fondos Soberanos que: “constituyen un patrimonio fiscal que otorga seguridad al estabilizar el gasto social y la inversión pública a futuro”, apuntando principalmente al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) establecido precisamente para: “…financiar eventuales déficits fiscales y realizar amortizaciones de la deuda pública, contribuyendo así a que el gasto fiscal no se vea mayormente afectado por los vaivenes de la economía mundial y la volatilidad de los ingresos que provienen de los impuestos, el cobre y otras fuentes”; se creó en marzo de 2007 con un aporte inicial, el cual una parte: “correspondía al saldo del antiguo Fondo de Estabilización de los Ingresos del Cobre, que concluyó su operación refundiéndose en el FEES” (cabe consignar que también existe el Fondo de Reserva de Pensiones, FRP, creado a fines de 2006, destinado: “…a financiar las obligaciones previsionales del Fisco hacia los sectores más desposeídos”).

Sanhueza, planteó que el Estado está en condiciones de hacer un gasto de: “…hasta US$12 mil millones o 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en los próximos 18 meses”, es decir de carácter “transitorio”. Al respecto, explicó que: “es un monto significativo pero abordable, que permite enfrentar los desafíos”, precisando que ese monto: “…es lo que tenía el FEES en marzo”.

¿Y cómo se financia esto?: “…una fuente de financiamiento, claramente, es el fondo soberano FEES, pero además la otra forma que se ha discutido harto es endeudarse. Y se ha discutido por dos cosas: Las tasas de interés están muy bajas (…) y, por otra parte, Chile tiene espacio para endeudarse”, es decir el Estado tiene espacio fiscal para acomodar un mayor déficitaunque, Sanhueza puntualizó que no es un “espacio infinito”Para estabilizar luego el déficit negativo que se generaría –y así estabilizar la deuda- hay dos caminos de ajuste: Disminución del gasto o vía aumento de impuestos (…) Y eso no la va a definir esta contingencia ni lo vamos a definir nosotros: ¿cuánto gastar?, es una respuesta que da la sociedad”.  

Céspedes en su exposición partió por establecer que se requiere un Plan de Acción –“fruto de un acuerdo amplio”- que provea un marco de acción global, con una estrategia con un horizonte claro, argumentando que hasta ahora: “las políticas que se han venido implementando, han sido por una suerte de goteo (…) eso genera más incertidumbre”. Un plan, agregó, en que las medidas sanitarias y económicas deben ir de la mano: “Un adecuado apoyo a las familias aumenta el cumplimiento de cuarentenas y reduce la velocidad de contagio”. Por lo tanto, añadió, debe ser un plan con medidas que resguarden la capacidad productiva y el empleo en el país, porque: “Despidos masivos por falta de liquidez, además de su tremendo costo social, tienen un efecto negativo en la productividad, destruyendo capacidad productiva en el país de manera permanente”.  Se debe también, señaló, apoyar a las empresas de distintos tamaños; en el caso de las grandes, establecer condiciones por ejemplo “¿cómo y cuándo el sector privado va a devolver los recursos al Fisco”.

Sobre el espacio fiscal para enfrentar la crisis, Céspedes, dijo que en este caso el gasto fiscal se plantea como “transitorio” y su monto: “dependerá de un acuerdo que asegure una trayectoria sostenible para la deuda pública futura”. En ese sentido, comparte la idea de asumir un gasto del 5% del PIB: “Aprovechando que la prima de riesgo de Chile es relativamente baja, se recomienda que el Fisco haga una fuerte emisión de bonos soberanos de unos U$15.000 millones (5% del PIB) para así tener un colchón de divisas con las cuales financiar las medidas de mitigación de la pandemia”.

Y coincidiendo con Sanhueza, explicó que todo lo anterior exige que: “hacia adelante vamos a necesitar hacer ajustes, por ejemplo, en materia de eficiencia del gasto público, pero también en materia de carga tributaria y de crecimiento económico para que efectivamente, asegurar una trayectoria sostenible”.

En tanto Díaz, fue enfático en asegurar que a la luz de los resultados del manejo de la crisis por parte del Gobierno: “Es necesario un plan que permita un cambio sustancial en la estrategia puesta en práctica”, colocando como ejemplo que el llamado a un Acuerdo Nacional del Ejecutivo, después de ya más de 2 meses de desarrollo de la crisis sanitaria: “…es el reconocimiento del fracaso de una estrategia”.

Díaz, explicó que: “un déficit fiscal entre 10 y 15 puntos del PIB es sostenible en lo inmediato. En ese rango se situarán los déficits públicos en la mayoría de los países de la OCDE” (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de la cual Chile forma parte)

Pero aseguró que: “La responsabilidad fiscal pasa obligatoriamente por una reforma tributaria; única forma de evitar un ajuste regresivo de las cuentas públicas”. En esa línea, a corto plazo se debe establecer: “Un impuesto al patrimonio de tasa del 2,5% (por una sola vez) a los ricos (patrimonio entre U$5 y 100 millones) y a los súper ricos (patrimonios por sobre U$100 millones) Según estudios, ello reportaría U$5.013 millones y afectaría a menos de 10 mil personas”.

Rivera, en su intervención dijo que: “…si uno no gasta lo suficiente en el momento oportuno eso se transforma en mayores problemas hacia el futuro”, calificando de “insuficiente el esfuerzo fiscal” desplegado por el Gobierno.

En términos del análisis de los desafíos fiscales futuro, Rivera destacó que esto: “…debe hacerse en el marco de lo que queremos hacer para avanzar en una economía del conocimiento, medioambientalmente sostenible y asumir los desafíos de transformación social”.

Y en esa perspectiva, incluye entonces también en el corto plazo“Impuesto de 2, 5% a patrimonios que sobrepasen los 10 millones de dólares para hacer frente a la crisis económica: la solidaridad de los más ricos con la suerte del país”. En esta perspectiva, Rivera agregó que: “se requieren recursos públicos adicionales en torno a US$15 mil millones. La situación fiscal del país lo permite: bajo nivel relativo de endeudamiento bruto, disposición Fondos Soberanos y bajo costo de endeudamiento”.

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, recordó que la Central ya el pasado 17 de marzo presentó su Plan Nacional de Emergencia (PNE) que contemplaba el abordaje de la crisis sanitaria de manera integral, pero que no tuvo eco en el Gobierno y dado este escenario actual, la CUT elaboró su 2° PNE, reforzando el anterior y actualizándolo con medidas mucho más radicales y extremas; plan que fue presentado esta vez ante el Consejo Superior Laboral (CSL) y ante la Mesa Social COVID 19. En el ámbito de medidas económicas, la CUT plantea un impuesto al patrimonio de los súper ricos (tasa 2,5%) y en materia social-económica, una Renta Universal Básica por núcleo familiar, cuyo monto esté sobre la “línea de la pobreza”.

 

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