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Los desastres de la Ley de protección del empleo

Tal como señaláramos en nuestra Declaración Pública del pasado 26 de marzo, ante la irrupción de la Dirección del Trabajo, usurpando funciones legislativas en relación al caso fortuito o fuerza mayor, mediante dictámenes que aún no reconsidera y la presentación del proyecto de Ley que suspendería los contratos de trabajo y derivaría el pago de las remuneraciones al seguro de cesantía a las y los Trabajadores que tuviesen cotización en dicho seguro, hoy es posible constatar lo catastrófico que ha implicado la mal llamada Ley de protección del empleo, en cuanto no discrimina por tamaño de empresa, permitiéndose el abuso de los grandes empresarios -véase la publicación de la CUT respecto de las 10 grandes empresas que se acogieron a dicha Ley-, se ha disparado el desempleo en el mes de marzo a un 8,2 % (la cesantía es la más alta en 10 años según el INE), junto con el aumento de la propagación del Coronavirus en los sectores proletarios, agregándose más territorios en cuarentena, bajo la dinámica criminal de un Gobierno, que administra la pandemia, bajo parámetros económicos por sobre la vida e intereses de la Clase Trabajadora.

Decíamos que el costo de la crisis sanitaria, el Gobierno se lo endosa a las y los Trabajadores, para lo cual proponíamos medidas en el sentido contrario a la mirada neoliberal del Gobierno, entre las cuales cabe destacar: “el pago íntegro de las remuneraciones por parte del empleador”; “apoyo estatal a las empresas para asegurar la continuidad de las mismas”; “universalidad del seguro de cesantía, para cubrir a Trabajadores no cotizantes del seguro de cesantía”; “prohibición de despido de Trabajadores a contar del 1 de marzo de 2020”; “mantención de la relación laboral de las Trabajadoras/es de casa particular” y reducción de la jornada laboral semanal a 40 horas”.

Es claro que ni Gobierno ni el Parlamento, legislaron con sentido de protección del empleo, sino que, en función de los intereses patronales, quedando la Clase Trabajadora a merced de sus propios ahorros y solidaridad de Clase.

 

LEY CORTA QUE MODIFICA LA LEY 21.227

Se ha promulgado una Ley, que viene a agravar aún más las precarias condiciones que la normativa vigente desde el 6 de abril de 2020.

Los cambios sustantivos y que consideramos lesivos a los intereses de las y los Trabajadores son los siguientes:

1.- Se amplía en 5 causales el término de la relación laboral para las y los Trabajadores que se les aplique esta Ley, las cuales son aquellas enumeradas del 1 al 5 en el artículo 159 del Código del Trabajo. Es decir, se podrá terminar la relación laboral en caso de aquellos Trabajadores o Trabajadoras con contrato a Plazo fijo, a pesar de la suspensión de la relación laboral o el acuerdo mutuo de las partes, que es otra forma encubierta de despido con menor indemnización que el despido por necesidades de la empresa.

Recordamos que, ante la suspensión del Contrato de Trabajo, se establecía en la Ley 21.227, sólo el despido por necesidades de la empresa (art. 161 del Código del Trabajo), cuestión que ahora no aplicaría en teoría para las y los Trabajadores sujetos de cualquier modalidad de la Ley 21.227.

En la práctica, a pesar de suspenderse el Contrato de Trabajo, se incrementan con la Ley corta, las causales de termino de relación laboral y queda abierta la ventana para el libre despido por necesidades de la empresa, ya que no se explicita en la nueva norma, la reincorporación del o la Trabajadora despedida por el artículo 161 del Código del Trabajo.

2.- La Ley corta, viene a precarizar ahora a las y los Trabajadores de las empresas no excluidas de la paralización por parte de la autoridad, las que se consideran esenciales su funcionamiento. Ahora, los empresarios de este universo de empresas que no paralizan, podrán derivar al uso del seguro de cesantía a todas y todos los Trabajadores que han estado en cuarentena por edad de riesgo o enfermedad crónica y que hasta ahora las remuneraciones han sido de cargo del empleador.

Junto a lo anterior, estas empresas tienen en sus manos, la decisión de considerar a su criterio, que Trabajador o Trabajadora le suspenderá el Contrato de Trabajo, para enviarlo al seguro de cesantía. Además, se mantiene la norma que permite modificar la naturaleza de las funciones en este tipo de empresas.

Es decir, otro anillo al dedo de los empresarios que menos pierden durante la presente crisis, ya que se trata de aquellas empresas que deben continuar funcionando durante el periodo de estado de excepción constitucional.

3.- La nueva norma, ha incorporado la prohibición de repartir dividendos en aquellas empresas que se han acogido a la Ley 21.227. Ha sido publicitado el caso de Cencosud, que decidió repartir entre sus accionistas la friolera suma de $93.820.709.290 correspondiente al 80,2% de las utilidades líquidas del ejercicio 2019, a pesar de suspender a casi ocho (8) mil Trabajadores el contrato de Trabajo, acogiéndose a la Ley 21.227 y luego, mediante un comunicado público, decidió echar pie atrás a esta última vergonzosa actuación Patronal. Analizada la Ley, el caso Cencosud no tenía ningún reproche jurídico para el reparto de las utilidades, puesto que la Ley corta no es retroactiva en esta materia y por otro lado, Cencosud S.A. declaro no tener Trabajadores con uso del Seguro de Cesantía, pues las empresas operaciones son filiales, o sea, a las cuales contrata Trabajadores, no están afectas a la Ley, por no ser de aquellas Sociedades Anónimas, como por ejemplo; Paris o Johnson, son de responsabilidad limitada. Es decir, se nos ha hecho creer, que tanto Gobierno y Parlamento han legislado en pro de la ética y responsabilidad empresarial, cuando en la práctica, en el caso concreto, la Ley no alcanza a aquellas empresas que no sean S.A. El caso Cencosud, no fue un proyecto de Ley en ese minuto, no fue la presión mediática o el interés en los Trabajadores de parte de la firma, las causales de su retractación a suspender la relación laboral de casi 8 mil Trabajadores. A nuestro juicio, obedecería más a tapar aquello que es necesario ocultar a la opinión pública, que implica el conflicto de interés que aqueja a la mismísima Ministra del Trabajo María José Zaldívar como dueña de 287 acciones en dicha empresa y la contratación nada más ni menos que del reciente ex Ministro de Hacienda Felipe Larraín en el Directorio. ¿A quién más salpicaría este escándalo?

Lo anterior, no es más que la constatación de la corrupción que aqueja al Estado y que ha sido así desde la Dictadura, sin reproche alguno después en los gobiernos de la Concertación, donde se ocupa el Gobierno y la “Institucionalidad” para defender intereses privados por sobre el interés público. Un día Ministro, al otro Gerente, ha sido la tónica de una Democracia para ricos y Dictadura para los pobres.

Ante esta realidad, nos queda mucho que cambiar, mucho por hacer y en lo inmediato, es saber resistir y cuidarnos del contagio de esta enfermedad, alentar a la solidaridad activa entre nuestra Clase, a combatir el hambre y la cesantía, a multiplicar el conocimiento y la Conciencia de Clase, para llegado el minuto, cambiar el modelo económico, político y social, en la nueva era, en el nuevo Chile que levantaremos tras esta crisis, en donde el sacrificio y sufrimiento valgan la pena y salgamos fortalecidos con Unidad, Organización y Lucha.

Revise aquí los cambios en la Ley

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