Por Horacio Fuentes, presidente Industrial Chile Constramet. Columna publicada en Cooperativa.cl
La discusión en las últimas semanas respecto de la nueva Constitución ha estado concentrada y absorbida por los protagonistas de los últimos 42 años, período en que la dictadura instaló un modelo neoliberal cuyo objetivo era generar discriminación, concentración de la riqueza y la privatización de los derechos esenciales. Un tiempo en el cual se construyó un coro defensor del status quo maquillado de “responsabilidad”.
De ahí que la lógica noventera de los consensos, las ofertas de que ahora se está disponible para introducir reformas, de que hay que rechazar para cambiar la Constitución o aprobar para reformar, solo buscan levantar bloqueos que le impidan al pueblo de Chile avanzar hacia un camino donde el horizonte es una vida buena, justa y digna.
Este horizonte esperanzador se presenta indiscutiblemente en el articulado que hace referencia al trabajo, en el cual se apunta a equilibrar las posiciones entre las y los trabajadores frente a los empleadores, garantiza mejores condiciones laborales y salariales, asegura la posibilidad de organizarnos libremente y negociar colectivamente, reconoce a los cuidados como una actividad económica y, finalmente, establece un Sistema de Seguridad Social que nos asegure buenas pensiones al momento de jubilar.
Son avances evidentes respecto del actual estado de las cosas. Un ejemplo de ello es el artículo 46 de la nueva propuesta de texto constitucional: “El Estado garantiza el trabajo decente y su protección. Este comprende el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la desconexión digital, a la garantía de indemnidad y al pleno respeto de los derechos fundamentales en el contexto del trabajo”. Es decir, le baja la cortina al corazón del Código del Trabajo de la dictadura, que promueve los abusos laborales a los que nos exponemos diariamente.
Garantizar un marco jurídico que proteja la vida de las y los trabajadores, que reconozca el valor del Trabajo en la economía nacional, que establezca un mayor equilibrio en la relación de poder entre los trabajadores y los empleadores es un piso mínimo de la nueva Constitución, que es, por lo mismo, un impulso para cambios legislativos profundos en favor de quienes movemos la economía.
Aprobar estos cambios es fundamental para concretar los procesos por los que nos hemos movilizado y organizado. Aprobar los avances en favor de las y los trabajadores en la nueva Constitución es mirar el futuro con esperanza.