INDUSTRIAL CHILE
Por Horacio Fuentes, presidente de Industrial Chile Constramet
Estamos a días de cerrar la primera etapa del proceso constituyente que vive nuestro país a partir de la revuelta popular de octubre de 2019 y el debate se enmarca en los códigos de una élite institucional que no logra comprender las dimensiones de lo que nos jugamos el 4 de septiembre: abrir la puerta a cambios que permitan equilibrar la cancha y garantizar derechos básicos a la gente.
Hasta ahora la vieja institucionalidad ha actuado con el objetivo de frenar los procesos de cambio que la ciudadanía ha impulsado desde 2019. Eso se ha visto reflejado desde que se instaló la Convención Constitucional y se acentuó después del 4 de julio, luego de que la Convención cerrara sus funciones, a través de la desinformación permanente, la tergiversación de la propuesta final del texto Constitucional y otra serie de artimañas.
“Aprobar para Reformar”, “Ni ésta ni la otra”, “Rechazar para Mejorar”, “Aprobar para implementar”, “Una constitución que favorezca los consensos”, “que no divida” han sido los slogans más vistos y escuchados durante la dura campaña electoral del plebiscito de salida, todos eufemismos para convencer a la ciudadanía de que se requieren reformas de escala menor para mantener el estado del arte de la transición.
Que algunos busquen que el plebiscito termine siendo una pantalla para disimular una serie de acuerdos por arriba que “aclaren” aspectos claves del nuevo texto constitucional sólo profundizará una crisis política-social que ya se extiende por largo tiempo.
Y ahí está la clave. En esta nueva etapa como país, debe ser el pueblo el protagonista de los procesos históricos. La institucionalidad se debe adaptar a los dictámenes que democráticamente defina el pueblo y no al revés. Aprobar la nueva Constitución significa iniciar un camino donde el horizonte está en dar mejores condiciones de vida a la gente, ese es el espíritu del nuevo texto constitucional.
La nueva Constitución busca dejar como un mal recuerdo el texto neoliberal de Pinochet y Guzmán y deja en claro que no son las reformas consensuadas las que se requieren, sino las que el pueblo establece como necesarias. No se trata de buscar implementar en la medida de lo posible y seguir administrando las breves cuotas de poder actuales, se trata de dar una vida digna y justa para chilenas y chilenos.
Los consensos que se han buscado levantar en los últimos días solo terminan dejando al pueblo fuera del debate y pretenden que sean los “hombres sabios” quienes tomen las decisiones por nosotros y nosotras. Contradictorio en un proceso que ha sido impulsado por una ciudadanía harta de la danza de “brazos levantados” que ha beneficiado a un grupo muy reducido de nuestra sociedad.
Por eso, Aprobar este 4 de septiembre significa hacerlo por el pueblo, por nosotras y nosotros quienes queremos un trabajo decente, una democracia con herramientas de participación directa, con derechos básicos garantizados. Para dejar de ser los que nos encontramos fuera de ese club exclusivo y pasar a ser parte de un país para todas y todos.
