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El litio para Chile: de la Privatización a la Recuperación

En el marco del seminario “El litio para Chile: de la Privatización a la Recuperación”, organizado por el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, en el Ex Congreso Nacional, se abordó desde la gravedad en el retraso del modelo de negocio a seguir, así como  la trágica historia de la explotación de un recurso considerado estratégico, hasta hoy destinado a coimas, prácticas antisindicales y  obscuras relaciones de poder.

 

La empresa Soquimich ha sido el principal agente corruptor de la política chilena, así lo destaca la prensa y las cientos de fojas que engruesa la justicia chilena sobre el caso. Sus orígenes datan desde que el ex yerno del dictador Augusto Pinochet y principal controlador de la firma, Julio Ponce Lerou, se las arregló, al puro estrilo de “Don  Corleone”  para atreves de coimas, financiando campañas políticas de moros y cristianos e incluso a intelectuales, incrementara su poder económico y se convirtiera en un hombre casi intocable, dado que cada santo le debía una vela.

 

En 1987, la dictadura privatiza la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich). Entre 1986 y 1988 Corfo le vendió el 93% de las acciones en 7.237.000 de UF, mientras que los especialistas la tasaban en 12.766.000 UF. A través de la Sociedad de Inversiones Pampa Calichera clavaron bandera definitiva en la compañía. Así se convirtió en el zar del litio.

 

Este “oro blanco” se encuentra en grandes cantidades en los salares andinos de Chile, Bolivia y la Argentina, que concentran el 90% de las reservas mundiales de litio en salmuera.

 

El litio como recurso estratégico empezó a usarse en la fabricación de la bomba de hidrógeno o termonuclear, pero luego empezó a ser utilizado en la industria automotriz para el desarrollo de baterías eléctricas.

 

En los años noventa, se empezó a utilizar para las baterías ion-litio en la industria electrónica (telefonía celular, reproductores de audio, computadoras), y más adelante, en el desarrollo de los futuros vehículos eléctricos hasta llegar al usos en la industria metalúrgica y farmacológica.

 

Bajo esta realidad es que se llevó a cabo el pasado Martes 28 el seminario “El litio para Chile: de la Privatización a la Recuperación” donde estuvieron como invitados Ignacio Moreno, Subsecretario de Minería, Hernán Bosselin, abogado y ex diputado DC, Miguel Soto, Secretario General de la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de la Industria y Servicio (Constramet) y Daniel Nuñez, sociólogo y diputado del PC.

El Secretario de General de Constramet Miguel Soto, quien ha sostenido una ardua lucha en defensa no solo del recurso natural, sino de los dirigentes sindicales y trabajadores quienes han sufrido prácticas antisindicales denunciadas por todos los medios jurídicos, legales y públicos, plateo la necesidad de continuar con estos debates con el objetivo de salir al paso de “quienes interesadamente manifiestan que no es necesaria la recuperación de esta riqueza natural por el estado por ser marginal dentro de la minería y en comparación con otros commodities, obviando el enorme potencial de esta riqueza”, sostuvo.

 

“Hoy más que nunca es necesario acelerar el control del estado sobre esta riqueza básica, producto de la sostenida demanda mundial de baterías eléctricas otorga al Litio la categoría de un <<nuevo recurso estratégico>> y en una importante fuente de commodities. Pero su verdadera fuente estratégica, en el almacenamiento estático de energías renovables, para el consumo doméstico o semi- industrial y de vehículos eléctricos diseñados para el transporte público”, enfatizó el dirigente.

 

En tanto que desde el mundo legislativo la Bancada de diputados del PC-IC, encabezados por Daniel Núñez, ingresó un proyecto de ley que busca declarar al litio y a la empresa Soquimich de interés nacional.

 

Según explicó el parlamentario por Coquimbo, el objetivo es dotar al Estado de una herramienta que le permita ejercer la expropiación. Declarar el interés nacional es, por lo tanto, un paso previo para que el mineral y la empresa vuelvan ser de todos los chilenos.

 

“Lo primero es que se apruebe este proyecto de declarar a la empresa de interés nacional. La Constitución de Pinochet establece que en el caso de un acto expropiatorio hay que pagar indemnizaciones. Tenemos que esperar que se genere primero la aprobación de este proyecto de ley. En el caso de la indemnización habrá que abrir un debate, al igual como el que se ha abierto con la nulidad de la ley de Pesca, y ver si es pertinente o no indemnizar una empresa que estafa al Fisco de Chile. Yo tengo la impresión que los tribunales de justicia van a apoyar al Estado de Chile. No van a avalar a una empresa que lo estafa, lo desfalca”, explicó Núñez.

 

Núñez calificó como grave  el retraso de Codelco en la definición del modelo de negocios y la selección del socio estratégico para una nueva política nacional del litio, ello conforme a la decisión que adoptara meses atrás el Gobierno.

 

El legislador recordó que el calendario de trabajo que se propuso el Ejecutivo estipulaba que a fines de junio de 2016 estaría listo el modelo de negocios y que durante el cuarto trimestre de este año se escogería al socio estratégico. Sin embargo, remarcó,  que desde el ministerio esto de traslado para el 2017.

 

“Nos parece que frente al litio debemos actuar con mayor velocidad, porque cada minuto que pasa mejoran las condiciones y ventajas de las empresas privadas que extraen el mineral no metálico. Es grave postergar para el próximo año las decisiones claves de la nueva política nacional del litio, el Estado no puede seguir dilatando el nuevo modelo de negocios y al socio estratégico”, recalcó.

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