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Bancada PC_IC junto a Industrial Chile y CTC presentan proyecto para declarar de interés nacional el litio

Diputado Daniel Núñez, junto a diputada Karol Cariola -jefa de la bancada PC-IC-, diputado Hugo Gutiérrez, Miguel Soto secretario general de Industrial Chile, entre otros dirigentes, ingresó un proyecto de ley que busca declarar de interés nacional el litio y la empresa Soquimich para que el Estado de Chile pueda defenderse.

El parlamentario por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez, detalló que Soquimich, durante su historia, ha participado en una serie de delitos, como fue la fallida licitación del litio bajo el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, la llamada Ley Contesse en el Royalty Minero, el caso Cascadas, el financiamiento ilegal de la política y el incumplimiento del contrato que mantiene con Corfo en el Salar de Atacama, formando parte del nutrido prontuario de la firma.

“Yo no sé si en Chile hay otra empresa que pueda tener este currículum o este prontuario de delitos. Por eso a nosotros nos ha parecido que si hay alguien, un multimillonario en Chile, hay un controlador al cual podemos llamar delincuente, ese es Julio Ponce Lerou. Nosotros pensamos que la democracia en Chile tiene derecho a defenderse, tiene derecho a actuar legalmente y frente a las situaciones que están previstas y las condenas que vienen a esta empresa nosotros consideramos que el Estado tiene que tener la posibilidad de actuar, una de esa es expropiar esta empresa y por eso que el primer paso es declarar de interés nacional”, recalcó Núñez.

La bancada junto a los dirigentes sindicales confían en que la iniciativa abrirá un debate que será favorable para los intereses de Chile.

“Lo primero es que se apruebe este proyecto de declarar a la empresa de interés nacional. La Constitución de Pinochet establece que en el caso de un acto expropiatorio hay que pagar indemnizaciones. Tenemos que esperar que se genere primero la aprobación de este proyecto de ley. En el caso de la indemnización habrá que abrir un debate, al igual como el que se ha abierto con la nulidad de la ley de Pesca, y ver si es pertinente o no indemnizar una empresa que estafa al Fisco de Chile. Yo tengo la impresión que los tribunales de justicia van a apoyar al Estado de Chile. No van a avalar a una empresa que lo estafa, lo desfalca”, enfatizó Núñez.

Por su parte, la Jefa de Bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, diputada Karol Cariola, dijo que “este es el primer paso para hacer un análisis con el Gobierno, con el Estado chileno, para tomar las medidas que sean necesarias para que esta empresa sea recuperada por todos los chilenos y chilenas. Creemos que es lo justo para una etapa como ésta, tanto en función de los actos de corrupción, como también empezar a proyectar el desarrollo estratégico de otros minerales, de otros recursos naturales como en este caso es el Litio”.

Respecto de una la posibilidad de expropiación de la empresa y su respectiva indemnización, la parlamentaria representante de Independencia y Recoleta agregó que “no estamos porque esta empresa se lleve indemnización por parte del Estado y creemos que en eso la justicia efectivamente tiene que operar. Una empresa que se ha prestado para actos de corrupción, que ha evitado que el Estado reciba una cantidad millonaria de recursos para el interés de todos los chilenos, no puede además ser indemnizada”.

A su turno, el diputado Hugo Gutiérrez agregó que es una gran oportunidad para poner fin a la empresa símbolo de la corrupción en Chile.

En tanto Miguel Soto, secretario general de Industrial Chile  (Constramet), sostuvo que “este es un paso fundamental, porque con esto recuperamos desde el punto de vista histórico a esta empresa. Para nosotros esto es sumamente importante, porque lo que se da en Soquimich es una verdadera persecución contra la organización sindical. Nosotros como organización llevamos peleando hace un buen rato contra las empresas de Ponce Lerou, que se ha destacado por las prácticas antisindicales, y que además ha sido condenado por la Corte Suprema por violentar la propia Constitución respecto a negociación colectiva”.

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